Demandan al gobierno ante la CIDH por transgénicos

MEXICO.-

Organizaciones campesinas y ambientalistas demandaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a diversos organismos públicos por la falta de investigación en torno a la entrada ilegal y siembra de maíz transgénico en Chihuahua.

En conferencia de prensa expusieron que en el país es la primera demanda que se presenta ante el organismo internacional por vulnerar los derechos de consumidores y productores, así como sus derechos culturales.

Indicaron que recurrieron a la instancia internacional para evidenciar la falta de actuación del gobierno mexicano ante la introducción y siembra ilegal de transgénicos al país, con lo que se ha violado la normatividad existente.

Los impulsores de la denuncia son la comunidad “El Consuelo”, ubicada en el municipio chihuahuense de Carichí, y las organizaciones El Barzón, Frente Democrático Campesino, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Greenpeace México.

Los organismo denunciados son la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y las procuradurías General de la República (PGR) y Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Los denunciantes sostienen que a pesar de que México es uno de los centros de origen y diversidad genética del maíz, en 2007 se sembraron, de manera ilegal, transgénicos en el Valle de Cuauhtémoc, Chihuahua, por lo que acudieron a la PGR para que hiciera las indagaciones necesarias.

La siembra se efectuó a pesar de que el país cuenta con una Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) que establece la protección para el maíz local. A dos años de esa denuncia ante la procuraduría, hasta el momento no han tenido respuesta.

A juicio de Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace, “el caso de Chihuahua es evidencia contundente de la falta de capacidad efectiva y voluntad política del gobierno mexicano para detener la contaminación transgénica del maíz mexicano”.

Pedro Torres, presidente del Frente Democrático Campesino, dijo que se acude a una instancia internacional “para evidenciar la falta de actuación del gobierno mexicano ante la introducción y siembra ilegal de maíz transgénico a territorio nacional, violando la normatividad existente”.

Indígenas solicitan protección de la CIDH por violencia de empresa minera

ECUADOR.-

05 - 02 - 2010.- Pobladores indígenas de la Amazonía ecuatoriana llegaron hasta la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Costa Rica, para solicitar que se les binde medidas de protección debido la hostilidad y amenazas realizadas por una compañía minera.

“Venimos a pedir que la Corte ordene al Estado ecuatoriano el retiro de unos 1 mil 400 kilos de explosivos que la empresa (Compañía General de Combustible, CGC, de capital argentino) sembró en nuestros territorios sagrados, porque estamos muy preocupados por los riesgos”, sostuvo el el presidente de Sarayaku, Holger Cisneros.

En esa intervención el líder originario hizo referencia a los explosivos encontrados por la comunidad en su propio territorio., sembrados por la empresa para impedir las manifestaciones en contra de sus actividades, según lo indicaron los mismos pobladores.

Holger Cisneros explicó que los mil 500 miembros de su pueblo han tenido que eludir los suelos minados y restringir sus actividades para evitar una tragedia, lo que les ocasiona un gran perjuicio pues ellos viven de la caza, la pesca y el cultivo de sus tierras.

Cabe recordar que ya en el año 2005, debido a la resistencia de los Sarayaku y a una petición de medidas de protección de la CIDH, la empresa suspendió sus actividades, aunque el contrato con el Estado de Ecuador sigue vigente.

De otro lado, el nuevo presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), Marlon Santi, indicó que esperan que la CIDH ratifique las medidas cautelares que dictó en 2004 y 2005 para proteger las vidas de los miembros de la etnia, que aún siguen amenazadas.

Santi dijo que el gobierno “no ha cumplido esas medidas cautelares” y, aunque se ha reunido con los dirigentes indígenas, “no ha actuado con seriedad, pues no envía funcionarios con poder de decisión”.